Bosque La Primavera AC

Alcalde de Zapopan dejó para después sanciones a dos servidores acusados de daños al medio ambiente
El representante del PRD le dio la espalda a los grupos defensores.

Los ambientalistas tienen una resistencia olímpica. El jueves aguantaron dos manifestaciones y cuatro horas de golpes políticos ajenos, interrumpidos por dos recesos. Al final, se marcharon de la sesión de Cabildo de Zapopan casi a la medianoche, con las manos vacías. A los que defienden el cerro de Bugambilias y han sido agredidos por ello, las autoridades les pidieron paciencia. A los que han demostrado la destrucción de la cuenca hidrológica de Los Colomos, las autoridades les pidieron paciencia.

Los de Bugambilias acusaron que la paciencia acabará por destruir lo que queda del área de amortiguamiento del bosque La Primavera, un pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero no sólo eso: el 25 de julio dos de las denunciantes, Gladys Martínez y Rosario Bretón, recibieron bombas molotov en sus hogares. Ante un Cabildo cansado e indiferente, exigían la intervención de las autoridades para que cese la ola de violencia en el fraccionamiento; que se amoneste al director de Participación Ciudadana del municipio, Carlos Alberto Rendón, protector del presidente de los colonos, Rafael Padilla, quien ha acosado a sus adversarios y permitido la destrucción del cerro.

El alcalde Juan Sánchez Aldana les respondió que sus peticiones están en proceso en la Contraloría municipal y llamó al líder vecinal, “para que se mesure en sus impulsos”.

Los defensores del bosque Los Colomos acusaron que la paciencia acabará por causar en ese otro pulmón lo que ocurre en Bugambilias y exigieron, para ya, la destitución de la directora del Consejo Municipal del Deporte (Comude), Lucy Barriga. La funcionaria arrendó de manera ilegal una parte de la unidad El Polvorín a un par de empresarios. Uno creó un campo de gotcha, que dejó árboles y ardillas heridos por los colores de las balas de pintura. Cuando el Ayuntamiento de Zapopan admitió el error, los arrendatarios recurrieron a la ley y obtuvieron 400 mil pesos del gasto público por “daños”.

El alcalde de Zapopan les respondió que sus peticiones están en proceso en la Sindicatura municipal, y llamó a que las investigaciones contra Lucy Barriga terminen en quince días; por lo pronto, se negó siquiera a regañar a la servidora.

Los habitantes de Bugambilias y los defensores de Los Colomos acusaron a las autoridades de indolentes y abandonaron la sesión molestos con el regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Villagómez. El jueves, el edil ofreció una rueda de prensa en respaldo a los vecinos de Bugambilias; un día después respaldó al alcalde del Partido Acción Nacional (PAN). La mañana de ayer, Villagómez convenció a los regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de que apoyaran la destitución de Lucy Barriga; doce horas después apoyó al alcalde contra la exigencia de los ambientalistas.

“Este Cabildo parece de señores feudales”, lamentó Laura Haro, de 21 años, presidenta del Movimiento de Propuesta Ciudadana: primera vez en una sesión de ayuntamiento.

Virgina Acosta, de Ciudadanos por los Colomos, se quejó de todos los partidos, incluso del PRI, que apoyó la salida de la directora del Comude, pero sugirió que se la puede contratar para otro puesto: “La fuerza ciudadana es lo único que tenemos para detener las atrocidades. Exigimos la destitución de Barriga, porque hubiera sido emblemático de la defensa del bosque y porque tenemos derecho: el predio no le pertenece al estado; nos pertenece a todos. De las autoridades, sólo esperábamos que cumplieran su obligación”.

Guadalajara/Vanesa Robles

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A Gladys Martínez Fombona

El presidente municipal de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, juega al inocente cuando pide paciencia a los vecinos del fraccionamiento Bugambilias que han recibido amenazas de muerte, cuando lo que se necesita es un hombre con carácter y decencia para meter en cintura a los poderosos desarrolladores inmobiliarios.

En el último trimestre de la administración municipal panista del doctor Macedonio Tamez (2001-2003), se autorizó modificar el uso de suelo de la zona boscosa de transición al área protegida del bosque La Primavera, llamada franja de amortiguamiento. El objetivo de esta importante modificación que impactaría negativamente al bosque, sería beneficiar al prominente empresario Jorge Vergara cuyo proyecto JVC, de 280 hectáreas, incluye entre otras edificaciones un estadio de futbol. Este proyecto sería la punta de lanza a partir del cual la presión de los poderosos no daría cuartel.

La bomba molotov que el 25 de julio pasado incendió la recamara de las niñas de Gladys Martínez Fombona es una muestra del peligro que corre la familia de esta activista ambiental, que lucha por defender al bosque contra la ola expansiva de los cotos privados y centros comerciales en la segunda sección de Bugambilias, en la parte alta del cerro, justo dentro del límite de La Primavera.

Otros miembros de la asociación civil Transparencia Bugambilias, como Rosario Bretón Sánchez, han recibido agresiones, como la intención malograda por incendiarle su camioneta.

Gladys y sus compañeros tienen dos años documentando las irregularidades para lograr el cambio de uso de suelo que devasta al bosque, entre estas se destacan las actividades de la empresa Dhasa, que según esta organización ha talado el bosque para dar paso a nuevas edificaciones y que al parecer gozó del apoyo incondicional del destituido Rafael Padilla Siurob, ex presidente de la asamblea de colonos. El nombre de Martín González Márquez, supuesto hermano del gobernador Emilio González Márquez, también es señalado, pues fue miembro de la mesa directiva que presidía Padilla Siurob. A fin de que la denuncia de Gladys y sus compañeros fuera atendida por la PGJE, se solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El director de Ecología de Zapopan, Justo Osorno, y Carlos Alberto Rendón Valdez, de Participación Ciudadana, se justifican con la disculpa de los inútiles, no pueden hacer nada pues estas autorizaciones fueron hechas en otras administraciones. La Contraloría municipal ha iniciado una investigación de la que poco se espera, dada la sinergia entre empresarios y funcionarios de Zapopan.

En 1995, el primer gobernador panista de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, firmó un Acuerdo de Coordinación para Transferir la Administración del Bosque La Primavera, cuyas acciones de protección le correspondían al gobierno federal; consideró que el Estado y los municipios colindantes junto con la Federación podrían ejercer mayor fiscalización con el objetivo de dar garantías de sustentabilidad al bosque. A doce años y medio de distancia de este acuerdo, sabemos que se equivocó y que su iniciativa dio rienda suelta a la rapiña inmobiliaria, ante la mirada cobarde de las administraciones municipales, entre las que se destaca vergonzosamente la de Sánchez Aldana.

María del Rayo Calderón

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El ayuntamiento considera que es un asunto entre vecinos Por lo pronto el director de Participación Ciudadana de Zapopan se deslindó de responsabilidades.

Colonos de Bugambilias critican que el ayuntamiento no intervenga en el atentado a dos casas habitación (foto). Foto: Felipe Salgado

Por el momento, el director de Participación Ciudadana de Zapopan, Carlos Alberto Rendón Valdés, no velará por los afectados por las bombas molotov en Ciudad Bugambilias: “No, tenemos que apoyar a todas las partes, porque nuestra relación es institucional y estamos obligados a atender a todos”, declaró ayer, al señalar como causal de esos acontecimientos un conflicto entre vecinos y el consejo de la asociación de colonos de Ciudad Bugambilias AC. Este último, según los afectados, es el presunto responsable.

El funcionario indicó que no es de su competencia el asunto, pues “cada área del ayuntamiento tiene una misión fundamental; en ese caso, Seguridad Pública es el área que se debe de encargar de dar esa atención”.

Por lo pronto el director se deslindó de responsabilidades, al indicar que ya le hicieron llegar a Contraloría toda la información referente a las actividades que ha realizado, ya que el regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Villagómez, quiere determinar su presunta responsabilidad en el asunto.

El alcalde de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, también salió en su defensa, pues, cuando reporteros le preguntaron si el atentado pudo ser ocasionado porque Participación Ciudadana no siguió el desarrollo del conflicto, respondió: “No es un tema de Participación Ciudadana, es un tema de licencias de construcción”.

El alcalde aludió a que se asume que la asociación vecinal Transparencia Bugambilias, encabezada por una de las víctimas de la bombas del viernes, Gladys Martínez, pretende impedir a desarrolladores fraccionar terrenos en áreas boscosas, debido a que es lugar de recarga de La Primavera.

En este sentido, agregó el alcalde: “El conflicto no es entre vecinos, es entre vecinos afectados y particulares que están haciendo el desarrollo, por lo tanto necesitamos revisar qué derecho real tienen los desarrolladores, qué legítimo derecho tienen las peticiones de los vecinos, qué tiene que hacer la autoridad para proteger el bosque y, sobre todo, con esas licencias otorgadas, a qué acuerdo podemos llegar con el desarrollador”.

Por el contrario, un vecino del lugar, Isidro Barba, considera que el ayuntamiento no actuará para impedir más atentados: “¿Por qué protege [el ayuntamiento] a los agresores? Porque lo obvio es que sí los están protegiendo. Se llegaron a estos atentados porque quieren intimidar [el consejo] a todos aquellos que respaldan el movimiento de Gladys Martínez”. Agregó que la respuesta de las autoridades es, a pesar de que digan lo contrario, parcial, pues se le está dando protección por parte de la Policía Municipal de Zapopan al consejo encabezado por Jaime Rafael Padilla Isurdo y no a Gladys, quien fue la víctima.

El vecino propuso que se excluya a Carlos Alberto Rendón Valdés como árbitro del conflicto, porque “es parcial”, y que los servicios de seguridad que tiene en comodato el consejo de Bugambilias los administre el ayuntamiento, de manera imparcial, hasta que se resuelva el caso, dado que Rafael Padilla no debe tener el mando de la seguridad por ser parte del conflicto.

PGJEJ asegura que investiga
(Guadalajara•Jaime Ramírez Yáñez)

• Desde el primer momento en que fue reportado el atentado con bombas molotov que sufrieron en sus casas Gladys Martínez Fombona y Rosario Bretón, dos de las mujeres opositoras a que se talen zonas boscosas en el cerro de Bugambilias y con esto dar paso a nuevos cotos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEJ) designó un grupo de agentes a su investigación.

Lo anterior lo confirmó el director de Comunicación Social de la dependencia, Lino González, quien señaló que los hechos quedaron consignados en el acta 2227/2008, levantada en la agencia del Ministerio Público número 2, y que ya están solicitados los exámenes periciales correspondientes al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Por otra parte, el regidor panista Germán Pellegrini, en una entrevista radiofónica, confirmó que la Procuraduría Social de Zapopan intervendrá en el conflicto que enfrenta a los habitantes del fraccionamiento Bugambilias, pero aclaró que la instancia adecuada para resolver el asunto es la PGJEJ.

Guadalajara•Sergio Blanco

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Público constató el corte indiscriminado de árboles y el relleno de cañadas en los linderos con el bosque La Primavera Zapopan sigue sin mostrar los manifiestos de impacto ambiental.

Foto: Público

Pese a las denunicas y las promesas de la autoridad de actuar, la construcción de cuatro nuevos fraccionamientos en la parte alta de Ciudad Bugambilias continúa en marcha sobre los linderos de la franja de amortiguamiento del bosque La Primavera. En un sobrevuelo por la zona afectada, Público constató ayer que se están rellenando cañadas y se ha talado indiscriminadamente una vasta área para dar paso a nuevos conjuntos residenciales.

El Ayuntamiento de Zapopan no ha demostrado los manifiestos de impacto ambiental, que son una exigencia de ley para que esta autoridad pueda expedir un permiso para la construcción inmobiliaria en una zona boscosa y de recarga acuífera. Un grupo de vecinos opositores a la instalación de más fraccionamientos dentro de Bugambilias solicitó copia de estos manifiestos vía la Ley de Transparencia. La oficina de transparencia municipal confirmó que no hay evidencia de tales documentos. Y pese a ello, la construcción avanza.

En el recorrido aéreo se pudo observar la tala en la parte más alta del fraccionamiento Bugambilias Panorámica Norte, en la confluencia de las avenidas de los Leones y Remanso del Coatí, y en el Circuito del Lince Norte. Asimismo se observó maquinaria, incluso extrayendo material en un predio contiguo a la zona en construcción. En otro punto se advierte el taponamiento de una cañada y más arriba una incipiente brecha para unir a Bugambilias con El Palomar, a través del propio bosque, que no había sido detectada por el grupo vecinal Transparencia Bugambilias.

La mayoría de estos hechos no son desconocidos por la autoridad zapopana. Transparencia Bugambilias los denunció desde 2006 y “hace cerca de mes y medio” acompañaron a funcionarios municipales, incluso de la Dirección de Obras Públicas, a un recorrido por la zona. “Observaron, tomaron nota y se fueron… sin que hasta la fecha nos hayan notificado una conclusión de esa visita”, indicó Gladys Martínez Fombona, una de sus miembros. Esperaban que el ayuntamiento ordenara clausurar parcial o totalmente la obra “porque no han podido demostrarnos que cumplieron todos los requisitos y que no están violando las normas ambientales”.

Los entrevistados aseguran que la actual Administración les informó que había interpuesto una denuncia en contra de la ex secretaria de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano, Adriana Dinora Lara Mendoza, a quien responsabilizan por haber firmado un acuerdo para permitir el cambio de uso de suelo en los planes parciales de desarrollo urbano de Bugambilias (ZPN 8/09, ZPN 8/10 y ZPN 8/10). Sin embargo, tampoco se les mostró copia de la denuncia ni número de averiguación previa, por lo que suponen que ésta es inexistente y el ayuntamiento está actuando “con indolencia y apatía, al permitir que se concrete la destrucción de bosque”.

Lo anterior, pues ni Sindicatura, ni Obras Públicas, ni Inspección y Reglamentos han realizado una sola acción a favor del bosque, ni para detener la invasión de cañadas y arroyos, que se aprecia a simple vista. Todo se reduce a una mesa de diálogo que no ha llegado a ninguna resolución, lamentó Martínez Fombona, quien ha sido blanco de amenazas y hasta de un atentado con una bomba molotov el viernes.

Esta mujer, miembro del Consejo de Vigilancia, lamentó en particular las declaraciones del alcalde Juan Sánchez Aldana, quien el pasado martes deslindó de responsabilidad al director de Participación Ciudadana, Carlos Alberto Rendón Valdés. “Claro que sí tiene responsabilidad. En Participación Ciudadana se originó el conflicto, porque destituimos la mesa directiva de la asociación vecinal que también se coludió para otorgar los permisos y esta dependencia no quiso reconocer a la nueva mesa directiva”. A estas alturas, debía haber emitido una nueva convocatoria para elecciones vecinales y, en cambio, “apareció en un promocional televisivo que la constructora DASA realizó sobre sus nuevos desarrollos habitacionales en Bugambilias”.

Refuerzan vigilancia policiaca
(Guadalajara•Sergio Blanco)

• La Policía de Zapopan puso en marcha un programa en Bugambilias para evitar nuevos atentados. El síndico Ricardo Anguiano Apodaca informó que ya hay diálogo con la empresa de seguridad privada y se ha intensificado el patrullaje municipal.

Por otro lado, informó que la secretaría del ayuntamiento terminó de revisar los planes parciales de desarrollo de Bugambilias Panorámica Oriente y Poniente y Lomas de Bugambilias y comprobó que cumplen los requisitos de desarrollo urbano, de construcción y ecológicos. Los vecinos pidieron revisar las licencias de urbanización, etapa en la que trabaja la sindicatura junto con Obras Públicas, de lo que se detectó que “ha habido una tala de árboles considerablemente mayor a lo autorizado por Parques y Jardines”, lo que constituye delitos federales.

• Camiones con material, obras que nadie detiene, cañadas taponadas en la zona de La Primavera y brechas que atraviesan el bosque son evidentes en la zona. Los vecinos insisten: el ayuntamiento no hace nada

Claves
Presión al bosque

• Desde los años ochenta, La Primavera ha tenido crisis recurrentes y presiones inmobiliarias. En 2006, la Asociación Vecinal de Bugambilias detectó la expedición de permisos para nuevos fraccionamientos en la parte alta del cerro

• Para la obra de al menos cinco desarrollos habitacionales, es necesario talar árboles en unas 150 hectáreas, zona que limita con la franja de amortiguamiento del bosque y es zona de recarga acuífera

• Los opositores exigen manifiestos de impacto ambiental, que debe expedir la Semarnat, o clausurar las obras. El Ayuntamiento de Zapopan se lava las manos: el cambio de uso de suelo lo dio el gobierno anterior

• Desde mayo, el Cabildo ha aprobado dos puntos de acuerdo sobre Bugambilias: indagar la legalidad en la modificación de planes de desarrollo y determinar la responsabilidad de Participación Ciudadana, que no ha resuelto el conflicto vecinal. No hay acciones concretas aún

• Fuente:
Transparencia Bugambilias

Guadalajara•Maricarmen Rello

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Esperan que la dependencia federal sí actúe contra la invasión del bosque Regidor admite respuesta ineficaz del Ayuntamiento de Zapopan al caso.

Alberto Pérez mira por la ventana del cuarto de sus hijas, donde cayó la bomba molotov el viernes pasado. Foto:Foto: Felipe Salgado

Los vecinos afectados por la autorización que dio el Ayuntamiento de Zapopan, y bajo la cual se amparan constructoras para talar zonas boscosas en el cerro de Bugambilias y dar paso a nuevos cotos en esta exclusiva zona residencial, interpondrán una denuncia ante la Fiscalía Especial para Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR), luego del cariz que tomaron los hechos, tras el atentado con bombas molotov contra los domicilios de dos de las mujeres opositoras a dicha obra: Gladys Martínez Fombona y Rosario Bretón.

Así lo informó el regidor Manuel Villagómez Rodríguez (PRD), tras advertir que se está apoyando a los colonos para que presenten dicha denuncia “debidamente soportada”, en espera de que esta instancia actúe en contra de la invasión y destrucción boscosa.

El edil lamentó que se haya llegado al extremo de intimidar a los colonos que se oponen a la construcción de nuevos fraccionamientos en el área de amortiguamiento del bosque de La Primavera, y admitió que el Ayuntamiento de Zapopan no ha respondido con eficacia ante “un conflicto vecinal” que calificó de grave, si bien reconoció que están presentes fuertes intereses económicos de las inmobiliarias.

Una de las afectadas, Gladys Martínez Fombona, recibe atención médica tras el ataque por una crisis de hipotensión derivada del susto (ver sección Público en Privado). El explosivo cayó en el cuarto de sus hijas, donde se incendiaron las cortinas, pero por suerte las niñas no se encontraban en la habitación. Ayer, entre otras cosas, su familia denunció indolencia de las autoridades, como lo demuestra que el frasco de vidrio y un trozo de estopa que sirvieron para hacer la bomba siguen en la casa a cuatro días del atentado: los peritos no se los llevaron cuando fueron a recoger evidencias. A ello se suman las muchas “trabas” que han encontrado en al Ayuntamiento de Zapopan respecto a su denuncia por las obras, agregó la mujer, que dijo no entenderlo pues ” hasta el presidente municipal vive en Bugambilias”.

El conflicto que enfrentó a colonos surgió a raíz del cambio de uso de suelo en dos planes parciales de desarrollo urbano del municipio zapopano: el Bugambilias Panorámico Norte y el Bugambilias Panorámico Sur. Dicho cambio se autorizó en la Administración municipal anterior y fue firmado por el presidente y la secretaria de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano, Ismael Orozco Loreto (quien fue alcalde interino de Zapopan) y Adriana Dinora Lara Mendoza, respectivamente, según consta en el acuerdo 1500/CTDU/2006/1154, que lo declara procedente el 30 octubre de 2006.

“Al hacer el cambio del uso del suelo, los fraccionadores pueden hacer lo que les da su gana”, sostenidos en el argumento de aparente legalidad, apuntó Villagómez, tras puntualizar que, en asamblea, los ediles acordaron “analizar el asunto a fondo… y estudiar hasta dónde es posible un juicio de lesividad”.

Por otra parte, está un problema no resuelto por la Dirección de Participación Ciudadana “que ha dividido a los vecinos”: una asociación vecinal (no reelecta como lo marcan los estatutos) que dio su consentimiento para la construcción de vivienda, frente a un grupo de 1,500 colonos opositores a la tala de la cara sur del cerro de Bugambilias, que se denomina Transparencia Bugambilias.

Villagómez dijo que también se envió un punto de acuerdo para que se determine la probable responsabilidad del titular de esta dependencia.

Guadalajara/Maricarmen Rello

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Las casas de dos de las quejosas fueron agredidas; una sufrió un incendio menorDos mujeres que denunciaron la destrucción e invasión de bosque con fines inmobiliarios en el cerro de Bugambilias, en Zapopan, fueron atacadas ayer por la mañana.

La urbanización en el cerro de Bugambilias ha sido denunciada en varias ocasiones por los afectados. Foto: Marco A. Vargas

Dos mujeres que denunciaron la destrucción e invasión de bosque con fines inmobiliarios en el cerro de Bugambilias, en Zapopan, fueron atacadas ayer por la mañana, con bombas molotov arrojadas por desconocidos a sus hogares. No hubo lesionados, pero uno de los artefactos provocó un incendio menor.

Las agraviadas son Gladys Martínez Sombona y la contadora Rosario Bretón Sánchez, quienes interpusieron una denuncia penal para que se investigue a todos los miembros del Consejo Directivo de la Asociación de Colonos Ciudad Bugambilias, presidida por Rafael Padilla Siurob, a quien acusan de beneficiarse con el otorgamiento de permisos para la construcción de fraccionamientos en el área de cañadas: una superficie de casi 150 hectáreas de bosque considerada, hasta hace unos años, como zona de recarga de La Primavera, y cuya urbanización, según la Procuraduría de Desarrollo Urbano, viola las normas.

Las amenazas no son novedad para estas mujeres, quienes desde hace año y medio forman parte de Transparencia Bugambilias, una agrupación que comenzó con dos personas —Gladys Martínez una de ellas— al descubrir “los manejos irregulares del presidente de la asociación vecinal”, y que hoy cuenta con 1,500 adherentes. Hace cuatro meses, una camioneta propiedad de Bretón Sánchez fue incendiada a plena luz del día (16:00 horas) dentro de un fraccionamiento con vigilancia privada y patrullas municipales. Fue pérdida total.

Gladys Martínez narró a Público que desde el martes pasado, estando ella internada en el hospital, su esposo recibió la llamada telefónica de quien se identificó como “comandante de seguridad nacional”, y le dio a conocer que unas personas le confesaron preparar un atentado contra su esposa. “Le pidió que incluso me golpeara para tener pruebas y ellos poder proceder”. Esa misma persona le habló el jueves, a punto de egresar del hospital, y le dijo ser un amigo “que se había enterado de un atentado en mi contra, que mi vida corría mucho peligro y que no me apareciera por Bugambilias por varios días… lo que yo tomé como una amenaza más, que no creí”. Martínez le pidió a su esposo ir a casa.

A las 8:00 am, una bomba molotov fue arrojada al cuarto de las niñas y las cortinas se incendiaron. Las menores no estaban, y su esposo apagó el fuego. Diez minutos más tarde, otra bomba similar fue arrojada a casa de Rosario Bretón, sin que llegara al interior. Alguien de la seguridad privada, que por ahora protegen las oficinas de la asociación vecinal, le dijo: “Usted ya sabe de dónde viene esto”, en referencia a la mesa directiva que se niega a dejar el cargo (pese a una asamblea en que así se votó).

Gladys Martínez señaló por tal “a todos los miembros del consejo directivo” y pidió al Ministerio Público que se investigue los panfletos difamatorios e intimidatorios en contra de su persona. También dio cuenta a Derechos Humanos.

Ambas defensoras del patrimonio ecológico lamentaron que las amenazas hayan llegado tan lejos: “Eso habla de los intereses económicos en juego para callarnos”, repitió Gladys, quien por enésima vez solicitó a la autoridad municipal que intervenga. Con el alcalde Juan Sánchez Aldana, quien no ha recibido a los inconformes, ni ha acatado la propuesta de la Procuraduría de Desarrollo Urbano para suspender las obras, tienen una cita el 30 de agosto. Mientras, la urbanización avanza a paso rápido.

Guadalajara/Maricarmen Rello

http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/nota.asp?id=640104