Levantamiento de planos revela que la zona que perdió la categoría de protección es lentamente absorbida por el crecimiento de la ciudad.
El crecimiento irregularr de la ZMG va quitando espacio al bosque La Primavera, donde se multiplican las construcciones
Guadalajara.- La invasión urbana al antiguo polígono del bosque La Primavera, en el ejido Santa Ana Tepetitlán, alcanza ya 124 fincas, conforme a un estudio realizado con planos oficiales, fotos satelitales y geoposicionadores por parte de la dirección ejecutiva del bosque, al cual este diario tuvo acceso por vía de una solicitud de transparencia.
Los documentos (ver gráfico) prueban que la fragmentación de la floresta sigue y que poco se hace por contener los cambios de uso de suelo en la zona urbana. Esto es consecuencia de que el gobierno federal y sus socios han perdido de forma definitiva el amparo 413/2001, en el recurso de revisión 465/2007 del Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, promovido por el comisariado ejidal del núcleo agrario, aun en contra de la intención de un grupo de campesinos disidentes, que buscan mantener la exclusión de fraccionamientos en la zona boscosa (Público, 7 de julio de 2008).
El director del área natural protegida, José Luis Gámez Valdivia, consideró necesaria una amplia explicación de parte de los responsables de las áreas de Obras Públicas e Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Zapopan, pues son las instancias municipales las responsables de frenar el crecimiento anárquico de las zonas urbanas irregulares, que es el patrón de expansión que tiene la ciudad en estos linderos de la ampliación del ejido citado.
“Nos parece que los funcionarios de esas áreas deben indicar por qué no se ha actuado en contra de la gran cantidad de fincas irregulares que dentro y fuera del bosque se han estado levantando en estos últimos años, no hace falta más que darse una vuelta por la zona para constatarlo, aparte de que son los mismos ejidatarios los que de forma cotidiana lo denuncian”, subrayó.
A su juicio, es lamentable que no se haya garantizado hasta ahora el control del suelo que se acordó cuando fue notificada la pérdida del juicio hace poco más de un año. Desde entonces, se buscó acordar con los diversos grupos de Santa Ana que se incorporaran a la gestión sustentable del territorio, y se firmaron acuerdos. Pero una vez que deja de tener vigencia un decreto federal, corresponde al municipio controlar la urbanización y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) evitar la fragmentación del bosque. Por su parte, la dirección ejecutiva ha actuado denunciando ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), asuntos que están en procedimiento actualmente.
“Nuestras denuncias a la Profepa han sido debidamente identificadas en planos y georreferenciadas para apoyar su actuación […] como dirección ejecutiva hemos recibido quejas de que nuestro cuerpo de guardabosques debe ser más rápido al reaccionar en cuanto se detecta algo irregular, para denunciarlo por un lado, y por el otro, orientar a los mismos actores de esa irregularidad sobre que sí y que no se puede hacer; estamos caminando a garantizar que esto se dé, de forma que podamos ser más eficaces en la prevención”, añadió el director.
Denuncias federales
Desde el año 1999 se acumula un largo historial de denuncias ante las instancias federales por fincas irregulares en la zona de bosque de Santa Ana Tepetitlán.
Los registros entregados por la dirección ejecutiva revelan diversas acciones desde el 20 de agosto de 1999, como solicitud de apoyo para verificar predios, levantamiento irregular de fincas, venta ilegal de terrenos, cambio de uso de suelo, petición de derecho a cultivar en la zona protegida, tirar basura en la zona adyacente, derribo de árboles o investigación de algún incendio forestal.
En particular, las colonias Lomas de La Primavera y Brisas de La Primavera —ubicadas en el polígono de ampliación ejidal sobre el que estaba vigente el decreto de protección del bosque desde 1980— acumulan un buen historial de denuncias por construcción de fraccionamientos irregulares, fincas aisladas, basura, casetas de ingreso, corrales para engorda de cerdos, fosas sépticas, relleno sanitario (sic), emisión de contaminantes a la atmósfera, “provocar incendios en lugares públicos y/o privados”, apertura de caminos, movimientos de tierra y materiales, falta de licencias de construcción, entre muchos otros.
Muchos de estos expedientes no han derivado en nada. Otros tuvieron como efecto la demolición de alguna barda, la captura de algún traficante de tierras (Alfonso Pelayo, de Arenales Tapatíos, es mencionado en las actas) e innumerables clausuras e inspecciones.
En cuanto al listado de construcciones que están al interior del viejo polígono (552 de las 641 ha de la ampliación de Santa Ana eran parte del área protegida), en su totalidad están identificadas en los planos para apoyar la acción de la Profepa, que si bien, ya no puede aplicar el régimen de área natural protegida por haber sido cancelado con la decisión de la justicia federal, le bastaría con obligar a cumplir la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley Forestal y la propia Ley Agraria, pues todas prohíben el cambio de uso de suelo en zonas forestales y el aparcelamiento de bosques y selvas, lo que es finalmente castigado como delito del fuero federal.
La pasada semana trascendió que la autoridad formal del ejido repartió el bosque entre 47 campesinos (Público, 6 de julio de 2009). La Ley Agraria dice en su artículo 59: “Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales”.
Por su parte, el artículo 418 del Código Penal Federal señala que “se impondrá de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa […] al que ilícitamente: I. Desmonte o destruya la vegetación natural; II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o III. Cambie el uso del suelo forestal. La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida”.
El 27 de junio de 2008, el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, determinó en la revisión 465/2007 del juicio de amparo 413/2001, que “hasta 584 hectáreas” (en realidad, poco más de 552 ha) de la primera ampliación del ejido Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, enclavadas en esta serranía, ya no formaban parte de la reserva ecológica más importante de la región metropolitana de Guadalajara.
20 días después, el 18 de julio de 2008, la delegación estatal de la Semarnat otorgó autorización condicionada de impacto ambiental para realizar un proyecto de ordenamiento territorial del ejido dentro de sus 552 ha boscosas “correspondientes al área de protección de flora y fauna La Primavera”, el cual consiste en una serie de instalaciones para ecoturismo que ocuparían solo poco más de dos hectáreas, según el documento del permiso, oficio SGPARN.014.02.01 01.641/08, a favor de los propios gestores de la desprotección del ejido
Ejido en disputa y señales encontradas
Los ejidatarios se comprometieron con la Semarnat a cuidar la integridad ecológica del predio, al que se tiene acceso por el cerro El Colli y el de Los Lobos, para mantenerlo dentro de las líneas esenciales de conservación dictadas por el régimen de protección… del que estos terrenos fueron extraídos previamente.
Por su parte, la Conanp mantenía la esperanza de convencer a los dos grupos de Santa Ana Tepetitlán de mantener una protección de facto en la zona de bosque separada del área protegida. “Mientras se define bien ese proceso, estamos trabajando con los dos grupos del ejido para hacerles ver las ventajas de mantener la protección; a nosotros nos queda claro que una mayoría de los ejidatarios está de acuerdo en conservar sus tierras en el estado en que se encuentran”, dijo el presidente de la Conanp, Ernesto Enkerlin Hoeflich.
Santa Ana está dividido entre una fracción que controla el comisariado ejidal, que se ha quedado con los beneficios de las negociaciones con el gobierno y que promovió ventajosamente el amparo contra el decreto del área natural protegida, y una amplia disidencia interna, que lidera Tranquilino Flores Aguilar, que se opone a esos acuerdos y que desea mantener el bosque en pie.
El grupo que lidera Tranquilino Flores, hizo al gobernador del estado, Emilio González Márquez, la propuesta, en misivas entregadas el 22 y 27 de agosto de 2008, de reintegrar el potrero Las Lomas al área de protección forestal y de fauna. “Tenemos la firme disposición de dejar bajo tutela de un nivel de gobierno que se encargue de conservar dichas tierras como zona de protección, siempre y cuando se lleven a cabo las acciones de demolición [de fincas] y mantenimiento de los cauces originales de los arroyos…”. No han recibido respuesta.
PUBLICO / Agustín del Castillo
